Congresista Salazar condena a la Administración Biden por permitir que compañías petroleras financien al régimen de Maduro
WASHINGTON, D.C. – Hoy, la presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, la congresista María Elvira Salazar (R-FL), convocó una audiencia para condenar a las compañías petroleras estadounidenses y europeas por seguir haciendo negocios con el régimen de Maduro, incluso después de su intento de robarse las elecciones presidenciales de 2024.
“En Venezuela, se ha desatado una cruel contradicción. Maduro ha intensificado su brutalidad a través de la cárcel y la muerte desde el 28 de julio”, dijo la congresista Salazar. “Mientras tanto, lamentablemente, las compañías petroleras estadounidenses y europeas lideradas por Chevron, Repsol, Eni y Maurel et Prom han aumentado su extracción y sus ganancias, alimentando directamente la maquinaria tiránica de opresión. ¡Qué vergüenza!”.
La representante Salazar comenzó su audiencia describiendo la situación actual de los Derechos Humanos en Venezuela, donde el dictador Nicolás Maduro ha desatado una ola de represión sin precedentes contra la oposición y los civiles en las semanas posteriores a las elecciones presidenciales venezolanas de 2024.
Salazar identificó una debilidad clave en la política de la Administración Biden-Harris hacia el régimen de Maduro: permitir que las compañías petroleras estadounidenses sigan operando en Venezuela sin quejarse. Chevron, Repsol, Eni y Maurel et Prom son las cuatro compañías con las mayores licencias para operar en Venezuela.
La congresista Salazar comenzó su línea de preguntas preguntando al principal funcionario del Departamento de Estado de Biden-Harris sobre Venezuela, Kevin Sullivan, por qué su agencia renovó la licencia de Chevron para operar en Venezuela 33 días después de que Maduro perdiera las elecciones el 28 de julio de 2024.
Sullivan insistió en que la decisión recae en última instancia en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Salazar le recordó a Sullivan que la OFAC solo emite políticas bajo la dirección del Departamento de Estado, por lo que cualquier independencia en su proceso de toma de decisiones es simplemente errónea.
La representante Salazar también indicó que al permitir que estas compañías sigan operando en Venezuela, el régimen de Maduro conservará el apoyo financiero que necesita para continuar su represión contra el pueblo venezolano.
A continuación, la representante Salazar le preguntó a Sullivan sobre las 50 empresas que solicitaron licencias para operar en Venezuela. Después de desviar la atención y remitir a la congresista a la OFAC nuevamente, Salazar argumentó que al permitir que estas empresas operen en Venezuela sin repercusiones del Gobierno estadounidense, Estados Unidos está enviando un mensaje débil y ambiguo a la comunidad internacional de que lo que Maduro está haciendo es, en última instancia, aceptable.
Además, la congresista Salazar preguntó sobre la posibilidad de que el Departamento de Estado suspenda estas licencias. Sullivan respondió que la posibilidad siempre existe como una cuestión de política, pero nuevamente dijo que todavía estaba bajo revisión.
La representante Salazar continuó su línea de preguntas inicial inquiriendo sobre la negativa de la Administración Biden-Harris a reconocer a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente electo de Venezuela. Sullivan respondió que González es definitivamente el vencedor en las elecciones venezolanas y que el Gobierno de los Estados Unidos ha pedido a Nicolás Maduro que publique los resultados que muestran estos resultados.
Salazar recordó al Departamento de Estado que cualquier cosa que no sea un reconocimiento será vista como una falta de apoyo a la oposición a los ojos del régimen de Maduro.
La congresista Salazar cerró sus comentarios de apertura preguntando a los principales funcionarios de Derechos Humanos y ayuda del Departamento de Estado y USAID, Enrique Roig y Greg Howell, respectivamente, sobre el impacto que esta importante debilidad política tendrá en los flujos migratorios.
Cuatro millones de venezolanos dijeron que abandonarían su país si el dictador Maduro se niega a entregar el poder. Esto agotaría los recursos en los países vecinos de América del Sur, como Colombia, Brasil y Ecuador, y se sumaría a la creciente crisis de seguridad nacional en la frontera sur de los Estados Unidos.
Salazar no recibió ninguna respuesta más allá de que el Gobierno de los Estados Unidos está trabajando con esos Gobiernos sudamericanos para fortalecer su capacidad de recibir a estos migrantes.
La representante Salazar terminó la audiencia enfatizando la necesidad de un apoyo bipartidista a la oposición venezolana en este momento crucial.
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